Respuesta del defensor del pueblo

La Institución del Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con la Plataforma Stop Gran Scala Baix Cinca con el fin de comunicarle que ya ha recibido los informes que la Defensoría solicitó tanto a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Ontiñena. Esta solicitud se produjo tras la queja presentada por la Plataforma Stop Gran Scala ante el Defensor del Pueblo el pasado mes de marzo.

En los documentos recibidos, la Defensoría expresa su parecer. Y así, respecto al informe de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón afirma que apenas entra a describir de modo mínimamente concreto cuál será el efecto de la ejecución de Gran Scala en la ordenación del territorio y el urbanismo. Afirma que tampoco habla del impacto ambiental ni del impacto social que el proyecto tendrá en la zona.

En este apartado, concluye diciendo que el informe de la Consejería contiene únicamente referencias genéricas al impacto sobre el empleo y las categorías económicas comunes, aspectos muy importantes pero que no cabe valorar aisladamente, separados de los otros impactos aludidos.

Respecto al informe solicitado al Ayuntamiento de Ontiñena, el parecer de la Defensoría es el siguiente:

En primer lugar, recuerda al Ayuntamiento de Ontiñena que no es necesario que una agrupación ciudadana ostente personalidad jurídica para comparecer ante el Defensor del Pueblo. Pero que sí es obligatorio que el Ayuntamiento atienda las solicitudes de colaboración con el Defensor del Pueblo por el solo hecho de que éste así lo inste. Dentro de este punto afirma que no accederá a la petición de la Alcaldía de Ontiñena por la que se solicitan datos relacionados con la Plataforma Stop Gran Scala y con el expediente tramitado por el Defensor del Pueblo.

A continuación pasa a expresar su parecer sobre el informe del Ayuntamiento, al que califica “de muy escaso contenido”. Afirma que “denota poco interés en argumentar sobre el fondo de una queja legítima” y también confirma que no se ha encontrado precepto alguno en el ordenamiento jurídico que obligue al Ayuntamiento de Ontiñena a, como se dice en su informe, hacer prevalecer el interés general sobre los intereses particulares. Según la Defensoría, el Ayuntamiento parece partir de una concepción excesivamente estrecha y abrupta de los intereses y funciones que tiene por ley encomendadas.

Admite que la instalación de Gran Scala generará un impacto económico, pero recuerda que la queja presentada por la Plataforma parte de una razonable previsión de otros impactos económicos no tan favorables, y de muy negativos impactos ambientales y urbanísticos.

Considera que no cabe aceptar la queja de la Plataforma sin indagar la realidad de los hechos, pero que tampoco cabe aceptar sin contraste que la construcción de casinos, centros de ocio, áreas recreativas y el fomento del turismo sean medidas tan claramente positivas que todas las demás consideraciones sean despreciables o sin apenas importancia.

Respecto al tema del urbanismo, la Defensoría afirma que el informe del Ayuntamiento apenas dice nada y por este motivo persiste la preocupación del Defensor del Pueblo, pues el seguimiento de la legalidad, la sostenibilidad y la transparencia no quedan asegurados porque estén garantizados en normas legales y por el control del Gobierno de Aragón. Una cuestión es la garantía legal, y otra la práctica real y material de esa garantía.

Para terminar, opina que en este caso no se trata de suscitar alarmas infundadas, sino de mostrar y tratar de convencer a la ciudadanía de que las decisiones que se van tomando son en efecto las mejores para todos, en conjunto y en particular. Concluye diciendo que el Ayuntamiento de Ontiñena no ha proporcionado el más pequeño indicio sobre el efecto urbanístico de Gran Scala y que, con este silencio, no es ilógico que las dudas de una parte de la ciudadanía se conviertan en sospechas, probablemente infundadas pero que paulatinamente son más difíciles de despejar. Finalmente, recuerda que el Justicia de Aragón tiene también abiertas actuaciones al respecto y, antes de proseguir o resolver, la Defensoría solicitará confirmación del estado de las actuaciones que tiene abiertas sobre el mismo asunto.