miércoles, 22 de julio de 2009

Respuesta del defensor del pueblo

La Institución del Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con la Plataforma Stop Gran Scala Baix Cinca con el fin de comunicarle que ya ha recibido los informes que la Defensoría solicitó tanto a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Ontiñena. Esta solicitud se produjo tras la queja presentada por la Plataforma Stop Gran Scala ante el Defensor del Pueblo el pasado mes de marzo.

En los documentos recibidos, la Defensoría expresa su parecer. Y así, respecto al informe de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Aragón afirma que apenas entra a describir de modo mínimamente concreto cuál será el efecto de la ejecución de Gran Scala en la ordenación del territorio y el urbanismo. Afirma que tampoco habla del impacto ambiental ni del impacto social que el proyecto tendrá en la zona.

En este apartado, concluye diciendo que el informe de la Consejería contiene únicamente referencias genéricas al impacto sobre el empleo y las categorías económicas comunes, aspectos muy importantes pero que no cabe valorar aisladamente, separados de los otros impactos aludidos.

Respecto al informe solicitado al Ayuntamiento de Ontiñena, el parecer de la Defensoría es el siguiente:

En primer lugar, recuerda al Ayuntamiento de Ontiñena que no es necesario que una agrupación ciudadana ostente personalidad jurídica para comparecer ante el Defensor del Pueblo. Pero que sí es obligatorio que el Ayuntamiento atienda las solicitudes de colaboración con el Defensor del Pueblo por el solo hecho de que éste así lo inste. Dentro de este punto afirma que no accederá a la petición de la Alcaldía de Ontiñena por la que se solicitan datos relacionados con la Plataforma Stop Gran Scala y con el expediente tramitado por el Defensor del Pueblo.

A continuación pasa a expresar su parecer sobre el informe del Ayuntamiento, al que califica “de muy escaso contenido”. Afirma que “denota poco interés en argumentar sobre el fondo de una queja legítima” y también confirma que no se ha encontrado precepto alguno en el ordenamiento jurídico que obligue al Ayuntamiento de Ontiñena a, como se dice en su informe, hacer prevalecer el interés general sobre los intereses particulares. Según la Defensoría, el Ayuntamiento parece partir de una concepción excesivamente estrecha y abrupta de los intereses y funciones que tiene por ley encomendadas.

Admite que la instalación de Gran Scala generará un impacto económico, pero recuerda que la queja presentada por la Plataforma parte de una razonable previsión de otros impactos económicos no tan favorables, y de muy negativos impactos ambientales y urbanísticos.

Considera que no cabe aceptar la queja de la Plataforma sin indagar la realidad de los hechos, pero que tampoco cabe aceptar sin contraste que la construcción de casinos, centros de ocio, áreas recreativas y el fomento del turismo sean medidas tan claramente positivas que todas las demás consideraciones sean despreciables o sin apenas importancia.

Respecto al tema del urbanismo, la Defensoría afirma que el informe del Ayuntamiento apenas dice nada y por este motivo persiste la preocupación del Defensor del Pueblo, pues el seguimiento de la legalidad, la sostenibilidad y la transparencia no quedan asegurados porque estén garantizados en normas legales y por el control del Gobierno de Aragón. Una cuestión es la garantía legal, y otra la práctica real y material de esa garantía.

Para terminar, opina que en este caso no se trata de suscitar alarmas infundadas, sino de mostrar y tratar de convencer a la ciudadanía de que las decisiones que se van tomando son en efecto las mejores para todos, en conjunto y en particular. Concluye diciendo que el Ayuntamiento de Ontiñena no ha proporcionado el más pequeño indicio sobre el efecto urbanístico de Gran Scala y que, con este silencio, no es ilógico que las dudas de una parte de la ciudadanía se conviertan en sospechas, probablemente infundadas pero que paulatinamente son más difíciles de despejar. Finalmente, recuerda que el Justicia de Aragón tiene también abiertas actuaciones al respecto y, antes de proseguir o resolver, la Defensoría solicitará confirmación del estado de las actuaciones que tiene abiertas sobre el mismo asunto.

viernes, 10 de julio de 2009

La voz cantante

A fecha de hoy, 5 miembros de la Plataforma Stop Gran Scala Baix Cinca han recibido ya la resolución de la Alcaldía en la que se les imputa una ocupación de la vía pública, es decir, se le acusa de infringir el artículo 98.2 k de la Ordenanza de convivencia Ciudadana de la Ciudad de Fraga. Además, a uno de ellos se le ha notificado una segunda denuncia por alteración del orden público. Sabemos, por las declaraciones de Francisco García, que hay otra persona denunciada, pero, de momento, no ha llegado la séptima comunicación.

El origen de esta actuación desproporcionada del consistorio fragatino ante un grupo de personas que expresaban su opinión libremente y sin molestar a nadie, hay que buscarlo en la edición de la Feria Merco Equip de este año. El Ayuntamiento de Fraga, saltándose los plazos marcados por la ley de procedimiento administrativo, nos negó el permiso para participar en la sección destinada a las asociaciones. En principio, no se nos autorizó alegando que no éramos una asociación sin ánimo de lucro, pero en realidad, jamás se nos solicitó que lo acreditáramos, de haberlo hecho, hubiéramos presentado un CIF. A causa de esta negativa, se decidió montar el material preparado para la feria en la plaza de España y así evidenciar el ataque a la libertad de expresión del que consideramos fuimos víctimas.

El 21 de mayo se colocó una mesa con información en la plaza del Ayuntamiento, y allí acudieron miembros y simpatizantes de la Plataforma, pero en ningún momento hubo una convocatoria a una manifestación ni nada parecido. Pretendíamos abrir un espacio de debate sobre Gran Scala, reclamar información y difundirla entre la ciudadanía. Como ya es sabido, la Policía Local de Fraga se personó en la plaza y acabó solicitando la documentación a las personas que se encontraban allí y posteriormente realizó las denuncias que han originado las acusaciones de infracción grave de la Ordenanza de convivencia Ciudadana de la Ciudad de Fraga.

El pasado día 2 de julio D. Francisco García, Concejal delegado de policía, e instructor de los expedientes sancionadores, realizó diversas aclaraciones, basadas en el informe que la Policía Local realizó sobre los hechos acaecidos el citado día. Ante estas declaraciones la Plataforma Stop Gran Scala quiere matizar diversos puntos que no coinciden con el testimonio de las más de 40 personas que nos encontrábamos en la plaza de España ese día:

1- El grupo no cercó a los agentes. Nos parece lamentable que se intente manipular de esta forma a la opinión pública. La expresión usada por el Sr. García da a entender que hubo una actitud violenta y agresiva por parte de los allí presentes, cosa absolutamente falsa y alejada de la realidad. Los agentes se acercaron al grupo para pedir un permiso y posteriormente nos solicitaron la documentación. Éramos un grupo de más de 40 personas y para escuchar a los agentes y darles nuestros DNI tuvimos que aproximarnos a ellos, pero en ningún momento cercamos a nadie. Si la actitud de los allí presentes hubiera sido agresiva dudamos mucho que dos policías locales hubieran podido conseguir la documentación de 30 personas.

2- Los agentes no informaron verbalmente de las denuncias. Este es el hecho que nos parece más grave. El Concejal delegado de policía, afirmó en varias ocasiones que los agentes comunicaron a las “voces cantantes” que iban a ser denunciados por infringir la ordenanza. En ningún momento los agentes dijeron nada relacionado con denuncias, ellos solicitaron el DNI a una persona del grupo mientras otra estaba leyendo un manifiesto. El resto, y para demostrar que no hay jerarquías dentro de la plataforma, entregaron libremente su documentación y los agentes apuntaron los datos en una libreta. Además, y llegados a este punto, queremos recordar que solicitamos a los agentes que nos proporcionaran por escrito la norma que según ellos estábamos incumpliendo y su respuesta fue “aquí la documentación la pido yo”. Ante esta argumentación, sobran los comentarios.

3- La voz cantante. Según D. Francisco García, el parámetro que se ha utilizado para sancionar únicamente a 5 miembros de la Plataforma ha sido el de “la voz cantante”. Nos parece que, en pleno siglo XXI es lamentable y muy preocupante que las autoridades actúen tan subjetivamente. A diferencia de otras organizaciones, los miembros de la Plataforma Stop Gran Scala nos congratulamos de ser una asociación asamblearia que decide las cosas por consenso. Todos actuamos solidariamente y asumimos por igual las responsabilidades. El hecho de que sólo se sancione a las personas que han actuado como portavoces de la plataforma o de otras agrupaciones da a entender que, más que sancionar actos que no perjudican a nadie, lo que se pretende es simplemente represaliar a aquellas personas que han mostrado alguna vez discrepancias con este Ayuntamiento. Es la única explicación coherente a esta elección a dedo de las personas a sancionar.

Para finalizar, nos gustaría recordar que somos una plataforma, compuesta por más de 40 asociaciones legalmente constituidas, que nació en diciembre de 2007 debido a las reticencias que el proyecto Gran Scala provocaba en una parte de la población. Desde entonces hemos trabajado para informar y no entendemos por qué hay gente que se toma tantas molestias para impedir que nuestro mensaje llegue libremente. A pesar de todo, nuestro objetivo está más claro que nunca, OTRO MUNDO ES POSIBLE, ¡NO A GRAN SCALA!

miércoles, 8 de julio de 2009

Pero...¿Que pasó en el Condado de Fraga?

Así fue un ratico de ejercicio de libertad.

Ante la imposibilidad para ejercerla pasando por su burocracia, su papeleo y su... aquí mando yo y por tanto digo NO.

Pero como somos libres, decidimos ejercer como tales y esto paso.


Despues de un buen rato de estar en la la Plaza se acercaron dos guardias municipales, y nos manifestaron que si teníamos permiso para la concentración. Evidentemente ya lo debían de saber porque esas cosas las comunica la “autoridad competente”. Al no disponer del correspondiente permiso la disyuntiva es desalojar la Plaza, como no nos vamos a ir, introducen la variante de la mesa, si, el problema es que estamos con una mesa (en la que están los folletos y comunicados) y por lo visto; no se puede estar en ese lugar con una mesa, después de la charleta se introduce el siguiente tema; es que el tema (Gran scala) es muy delicado y no se puede exponer en ese lugar.

Después de tan contundentes razonamientos legales... ya vale de discusión, a identificarse tocan, pues ala, a tirar de DNI, con especial interés de los municipales para con algunos compañeros que defendían con mas fuerza su derecho a expresarse libremente.

De donde es usted, dice un municipal a un señor que le acaba de dar los datos. De Ontiñena, contesta, Usted se cachondea de mi, dice el municipal airado. Los de Ontiñena no vienen a hacer estas cosas.

Como la charleta y la posterior toma de datos se prolongaba aparece un concejal, el señor Escandil ¿o era zascandil? algo airado increpando a los guardias el.. ¿porque no los habéis desalojado ya?. Y el del del micro, ese del micro, Tu deja de hacer fotos o te vas a acordar de mi toda tu vida, y ese de la cámara que pare de grabar.

Hay la prensa, los mismos que le ponen a el y sus colegas en las primeras planas cuando van vestidos de domingo, que negativos son cuando reflejan la realidad.

En esto ya se habían sumado algunos vecinos que estaban paseando. Se salvaron de la toma de datos algunas personas mayores que con sus sillas estaban tomando la fresca en la plaza, aunque de soslayo los municipales no les perdían de vista, uno le daba golpecitos en el brazo al otro señalandoles, como diciendo... ¿y a estos que?. Menos mal que igual no estaban disfrutando de un buen vaso de sangría, sino hoy la noticia seria:


Unos yayos detenidos por hacer botellón en una plaza publica.


Total al final, de al menos 30 DNI apuntados en las libretas de los municipales salen media docena de denuncias por:

Ocupar la vía publica con vallas, mesas, sillas adosadas a la fachada de cafés y bares, puntos de venta, stands, aparatos, construcciones profesionales o celebrar verbenas o espectáculos sin autorización de Alcaldía (stand informativo).

Toma ya capacidad de organización de estos de Stop Gran Scala.

Y ya para rematar es nombrado como instructor un tal D. Francisco Garcia que ya nos a sentenciado y condenado (sin siquiera esperar a las alegaciones) en declaraciones por Televisión y prensa.


Se ve que eso de la libertad de expresión, la critica o la simple manifestación de disconformidad crea ampollas en políticos que sueñan con perpetuarse en los cargos a costa de lo que sea, que mientras los ciudadanos sean puntitos que se mueven por un mapa, que asuman aunque sea con resignación las actuaciones de la autoridad, todo va bien. Por eso cuando surge alguna postura discordante... deben ser chusma. Ellos, instalados en la perfección del poder no pueden permitir que esas cosas generen contaminación a la ciudadanía.

Estos piensan como en el visionario libro escrito en 1932 por Aldous Huxley, …. describe lo que seria una dictadura perfecta que tendría la apariencia de una democracia, una cárcel sin muros en el cual los prisioneros no soñarían en evadirse. Un sistema de esclavitud donde, gracias al sistema de consumo y el entretenimiento, los esclavos "tendrían el amor de su servidumbre ".


Así es y así actúan.


Siempre.


M.A.F

Reportaje de "El País"

Gran Scala o gran estafa

Aragón aprueba una ley para construir un Las Vegas europeo en Ontiñena

¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa. El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.

La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.

Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.

Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.

También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.

Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".

Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).

ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".

Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".

Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".


La ciudad privada

La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.

Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".

domingo, 5 de julio de 2009