Los Monegros no se venden (Los Monegros se comparten)

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Las organizaciones firmantes exponen su rechazo al proyecto denominado “Gran Scala-Las Vegas en Los Monegros”, tras la comparecencia realizada el 12 de diciembre por parte del Gobierno de Aragón y de los promotores asociados bajo las siglas I.L.D. donde no fueron convocadas las organizaciones ecologistas.

1. El hecho de que I.L.D no suministre ningún dato sobre la ubicación del proyecto o sobre la identidad de los inversores (que se vayan a comprometer a una gigantesca inversión de 17.000. millones de euros) fomenta el recelo sobre las verdaderas intenciones del denominado “Gran Scala”.

2. El lánguido devenir de los parques temáticos en Europa y EEUU crea un gran escepticismo sobre la supuesta firme intención de los promotores de crear un gigantesco parque temático en Aragón.

3. Respecto a la posibilidad de que el proyecto integre un gigantesco conglomerado de casinos produce rechazo, puesto que el juego, con las graves consecuencias sociales que conlleva es una inversión que NO puede considerarse socialmente de interés.

4. En cualquier caso, queda claro que el proyecto “Gran Scala” se encuentra en la línea de las operaciones inmobiliarias que han resultado ser exclusivamente especulativas, tal y como ha ocurrido con campos de golf, casinos u otras propuestas de este tipo. La oferta de ocio que se presenta podría ser utilizada exclusivamente para promocionar grandes operaciones de construcción y venta de viviendas, cuyo costo final queda sensiblemente incrementado por limitadas ofertas de entretenimiento.

5. Hasta la fecha, tan solo el Gobierno de Aragón ha establecido compromisos concretos con el proyecto de inversión pública en materia de infraestructuras. Los promotores sólo ha formular declaraciones de intenciones, algunas de dudosísima viabilidad, (como una supuesta área temática dedicada a “Fernando el Católico”, delfines y orcas en los Monegros, restaurantes sumergidos, o la construcción de 72 hoteles y 200 restaurantes) A tal efecto, desde el ejecutivo aragonés se están ejecutando ya cambios legislativos a la carta de envergadura (en materia de urbanismo y ley del juego) que deben ser analizados y discutidos dada las graves consecuencias que pueden suponer en el futuro de Aragón.

6. Conforme a lo conocido del proyecto hasta la fecha podemos afirmar que “Gran Scala” entraña grandes impactos ambientales en materia de consumo y despilfarro de agua y sobre los ecosistemas y especies en peligro de extinción, que afectaría a la sostenibilidad y al propio equilibrio territorial de Aragón y de la comarca. Preguntas tales como: ¿qué adjudicación de caudales se hará a este proyecto? ¿de dónde se obtendrán? ¿dónde se regularán dichos caudales? ¿son compatibles dichas adjudicaciones con los nuevos regadíos de la comarca…..? deben ser respondidas con absoluta claridad por parte del gobierno aragonés, que tan vehemente se ha mostrado en su implicación en el proyecto.

7. Proyectos como “Gran Scala”, superfluos y derrochadores de energía, son absolutamente opuestos a los programas vigentes de lucha contra el cambio climático. El respaldo del ejecutivo aragonés a este proyecto deja claro su nula voluntad de ejecución de medidas para combatir el principal desafío de la humanidad.

8. En cuanto al impacto que dicho proyecto pueda tener sobre territorios protegidos por la ley, por su valor paisajístico o por la importancia de su fauna y flora, el gobierno y los promotores simplemente deben atenerse a la ley y cumplirla escrupulosamente. Están pendientes de aprobación los planes de conservación de las especies en peligro de extinción y los espacios naturales de Monegros, herramientas de conservación imprescindibles para asegurar la viabilidad ambiental de cualquier iniciativa de esta envergadura.

9. En cualquier caso, la negativa del gobierno de Aragón a invitar a las asociaciones ambientalistas aragonesas al acto de presentación del proyecto, son una auténtica declaración de principios en relación con la participación social y transparencia. Se hace evidente que al tratar de impedir la participación democrática de la sociedad civil más comprometida con el medio ambiente, no existe intención por parte del Gobierno de Aragón y de los promotores de lograr un proyecto sostenible ambientalmente.